El Estatuto de Autonomía del País Vasco es sin duda lo mejor que nos ha pasado tras la recuperación de la democracia.

Y lo es no sólo por el desarrollo que ha tenido para construir una Euskadi moderna en su economía, industria, servicios públicos, cultura o políticas sociales, lo es sobre todo porque su potencialidad a futuro puede ser tan relevante y próspera como la sociedad demande.

Una sociedad se construye, se mejora, se perfecciona con el impulso de su ciudadanía, con sus demandas, con sus proyectos y también con la orientación social y política con la que ciudadanos y ciudadanas elijan a sus gobernantes.

Y por ello hay que apreciar y advertir que el autogobierno, su contenido, no es tarea exclusiva de gobernantes y sí es tarea inclusiva de administrados y administradores.

Así lo entendieron el asturiano Indalecio Prieto y el eibarrés Toribio Echevarria, dos socialistas que en los años treinta defendieron la Autonomía Vasca y el Concierto Económico desde una relación leal en el marco constitucional de una España democrática.

Cabe recordar la afirmación de Indalecio Prieto en 1931 cuando afirmó que el Estatuto Vasco tiene que ser una obra de concordia dentro del País Vasco y después respecto de toda España.

La recuperación de la Autonomía nace el 17 de febrero de 1978 en la sala de Juntas Generales de la Diputación Foral de Álava, con la constitución del primer Consejo General del País Vasco presidido por nuestro compañero Ramón Rubial.

A partir de esa fecha comienzan a darse pasos en la elaboración de la propuesta de Estatuto que contó entre otros con un texto elaborado por el Partido Socialista de Euskadi y con la participación directa de Enrique Múgica, José Antonio Maturana y José Antonio Aguiriano, que fueron los encargados por parte socialista de negociarlo con la Comisión Institucional del Congreso.

Un texto que se llevó en avioneta a Madrid para llegar los primeros, objetivo que se logró a las siete y doce minutos de la tarde el 29 de diciembre de 1978, justo el mismo día que Adolfo Suárez disolvía las Cortes y convocaba nuevas elecciones para el 1 de marzo de 1979.

Un texto que tras la negociación se aprobó un año después, el 29 de noviembre en el Congreso y el 12 de diciembre en el Senado por una amplia mayoría, que sólo contó con el voto en contra y la abstención de unos pocos representantes institucionales de procedencia franquista y de los representantes de UCD de Navarra.

Cabe recordar de aquellas fechas el deseo expresado por nuestro compañero Txiki Benegas para que la historia pudiera recordar el Estatuto no sólo como el que recobró la autonomía y el autogobierno para Euskadi, sino como el Estatuto de La Paz.

El Estatuto no es patrimonio de nadie en particular porque es una herramienta de organización colectiva de toda la sociedad, pero como todos y todas sabemos, el Estatuto que nos da el autogobierno mediante sus competencias se puede interpretar, orientar y ejecutar de manera tan diversa como plural es la sociedad.

El nacionalismo desea y practica una política institucional basada en la superioridad ideológica de los nacionalistas, en su superioridad cultural y en su ensoñación divina de sólo rendir cuentas ante ellos y así concluyen en su objetivo y derecho a la independencia.

El nacionalismo considera que quien nace aquí, y participa de su filosofía, tiene todos los derechos y además debe tutelar los de todos los demás.

Ante esa corriente política, la otra gran corriente política es la socialista.

El socialismo propone y dispone que si nacer aquí o allí es una circunstancia no elegida, ser vasco, ser vasca, es una suerte para compartirla.

Para compartirla desde los dos únicos valores que debieran ser comunes a la humanidad y que son la libertad y la igualdad.

Esta rivalidad tiene otros antecedentes. En 1931, Indalecio Prieto afirmaba que el Estatuto Vasco tenía que ser el resultado del entendimiento entre diferentes. En el otro lado estaba el Estatuto de Estella proyecto de nacionalistas y carlistas, clerical y antidemocrático, que negaba los derechos políticos a los inmigrantes del resto de España, y que en su día fracaso en Cortes.

Años después tras la rectificación del nacionalista José Antonio Aguirre, en 1936, Prieto y Aguirre retomaron el entendimiento, alumbraron el Estatuto Vasco, nació institucionalmente Euskadi, el Gobierno Vasco de octubre de 1936, un Gobierno que tras el alzamiento militar anticonstitucional de Franco, duró 40 años en el exilio tras otra rectificación nacionalista al asumir el PNV que los socialistas no aceptábamos el derecho de autodeterminación, decisión que tomaron al renunciar a su concepto de obediencia vasca respecto al de unidad vasca de nacionalistas y socialistas.

Euskadi lleva a sus espaldas cuatro décadas de Estatuto, de autogobierno que han servido para defender y hacer respetar los derechos humanos ante un sector del nacionalismo que los vulneraba. Para extender la convivencia allí donde se atacaba. Para impulsar y mejorar la atención directa a la ciudadanía desde sus instituciones. Para ayudar a crecer a una industria potente y competente en el mundo. Para disponer de un buen sistema educativo. Para contar con un prestigioso sistema sanitario. Para disponer de un creciente modelo de investigación. Para regular su política fiscal. Para extender su cultura. Para mejorar y practicar el conocimiento de su idioma. Para construir un potente y solidario sistema de política social. Y para un relato extenso de políticas públicas.

Con este mosaico de capacidades afirmar que estamos ante uno de los más singulares y completos sistemas de autogobierno del mundo no es ni una gracia ni un exceso, si es una realidad indiscutible.

El Título I del Estatuto, en sus artículos del 10 al 23 faculta al autogobierno para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos. Para mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Para fomentar el empleo y la estabilidad económica. Para asegurar la libertad y la igualdad. Para garantizar la participación política de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.

El Estatuto regula competencias en:

  1. Agricultura y ganadería.
  2. Pesca.
  3. Aprovechamiento hidráulicos.
  4. Asistencia social.
  5. Investigación científica y técnica.
  6. Cultura.
  7. Patrimonio.
  8. Cooperativas.
  9. Sector público vasco.
  10. Promoción y desarrollo económico.
  11. Comercio interior.
  12. Defensa del consumidor y usuario.
  13. Industria.
  14. Urbanismo y vivienda.
  15. Obras públicas.
  16. Turismo.
  17. Deporte.
  18. Estadística.
  19. Espectáculos.
  20. Medio ambiente.
  21. Minería y energía.
  22. Seguridad.
  23. Justicia.
  24. Sanidad.
  25. Educación.
LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO («B .O.E.», núm. 306, de 22 de diciembre de 1979)

Algunas de estas competencias son exclusivas, otras de desarrollo legislativo y ejecución de acuerdo con la legislación del Estado.

El conjunto de ellas nos da una capacidad de autogobierno que puede calificarse de singular en el planeta.

Además para garantizar la financiación de las competencias dispuestas en el Estatuto, los artículos del 40 al 45 del título tercero establecen el modelo de financiación, a través del Concierto Económico. Una financiación muy envidiada en cualquier lugar del Mundo por su altísima capacidad.

Vistas las competencias y sistema de financiación se puede concluir que nuestro derecho a decidir es enorme.

En esta realidad, ¿se puede mejorar el Estatuto? Se puede. ¿Se debe completar? Se debe. ¿Se necesita actualizar? Se necesita. ¿Se puede estropear? También. ¿Los nacionalistas serían capaces de hacerlo? Por supuesto. ¿Lo harán? Trabajamos y trabajaremos para que no lo consigan.

Los socialistas participamos en la elaboración del Estatuto, lo votamos en el referéndum del 28 de octubre de 1979, hemos gobernado con él y con nuestro Lehendakari Patxi López, hemos gobernado con él en diferentes gobiernos de coalición, como lo hacemos con el actual, lo hemos respetado desde la oposición, y esta defensa y esta práctica leal con lo que supone nos permite hoy decir alto y claro, que si alguien ha defendido siempre el Estatuto, hemos sido los socialistas.

Lo hemos hecho para incluir, para integrar, para sumar, para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, para extender la solidaridad, y lo hemos hecho con la convicción de su utilidad para nuestra prosperidad y con la pasión de su aportación a la convivencia.

Lo hemos hecho y lo hacemos con humildad porque el Estatuto es de todos y todas y también lo hacemos con orgullo, porque defenderlo y practicarlo siempre, en todo momento, circunstancia o adversidad, solo lo ha hecho un Partido Vasco, el primero en llegar, el Partido Socialista.

Y lo hemos hecho en Euskadi y en España. En el Parlamento Vasco y en las Cortes Generales.

Lo hemos hecho desde el Partido Socialista de Euskadi y desde el Partido Socialista Obrero Español.

Lo hemos hecho para defender su constitucionalidad y para defenderlo de los ataques nacionalistas.

Lo hemos hecho cuando otros lo daban por muerto, y cuando otros lo querían vaciar de competencias.

Lo hemos hecho pagando un altísimo precio cuando nos amenazaban y mataban los terroristas.

Lo hemos hecho cuando se le agredía con leyes de bases para recortar sus políticas públicas y sociales y cuando se le ha querido despojar de sus consensos, de su transversalidad y de su legalidad.

Lo hemos hecho frente al Plan Ibarretxe.

Lo hacemos y lo haremos frente a la coalición soberanista PNV-BILDU.

Y así hemos llegado hasta aquí, hasta hoy, hasta este momento en el que representantes políticos, expertos, y ciudadanos en general, debatimos y debaten sobre su actualización o superación.

Un tiempo en el que una alianza inmadura, inestable, oportunista, demagógica, entre PNV y BILDU, quieren inaugurar una Euskadi imposible, con unos nuevos derechos no contemplados en el derecho, y de manera desgarradora para la ciudadanía al buscar su enfrentamiento queriendo adoctrinarla y alinearla en el ideario sectario del nacionalismo.

Frente a esa posición nacionalista que tanta dificultad está llevando al actual Lehendakari y a su Gobierno de coalición, para gobernar, para legislar y para acordar presupuestos, está la posición socialista.

Una posición que combina nuestra participación en el Gobierno Vasco para ejecutar una política social y de igualdad, con la firmeza para impedir excesos y recorridos hacia un callejón sin salida, con enfrentamiento ciudadano y enfrentamiento institucional.

PROPUESTA SOCIALISTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL: POR UN NUEVO PACTO DE CONVIVENCIA
PROPUESTA BASES NUEVO ESTATUTO

Una posición con una propuesta federalista, constitucional, ajustada a derecho, con garantía democrática, dispuesta para la convivencia, respetuosa con la historia colectiva, armoniosa con Europa, encajable en la globalización, insertada en el mundo de hoy y de los próximos 25 años.

Es razonable una actualización del Estatuto, es tan razonable que el Estatuto actual ya lo tiene previsto. Porque establece como ha de reformarse. Y lo hace con la razón misma con la que se concibió el autogobierno. El Parlamento decide su propuesta y la eleva a las Cortes Generales que a su vez debaten y deciden y si en ese procedimiento hay resultado positivo lo aprueban mediante Ley Orgánica, y a su vez lo trasladan a la ciudadanía vasca que son quienes tienen la última palabra en referéndum.

Todo esto se recoge en el título cuarto artículo 46.

Tenemos procedimiento, claro que lo tenemos y muy claro está recogido. Por este camino puede darse la reforma, cualquier otro que no tenga residencia en la legalidad de nuestras normas será un puro invento, un artificio y lo que es peor un sonoro fracaso.

Para los socialistas es razonable una actualización del Estatuto. Es razonable hacerlo con la prudencia y la ponderación que establece la ciudadanía vasca cuando se le consulta y afirma que en un 81% está relativamente satisfecha con él, mientras que la independencia solo es respaldada por un 25%.

Es razonable una reforma que contemple derechos y avances sociales. Que incluya la igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres. Que recoja singularidades como el Concierto Económico, el euskera o el derecho civil.

Que aporte la vocación europea. Que asuma y respete la pluralidad de identidades. Que se incorporen y adapten nuevas realidades surgidas en estos cuarenta años, que se compartan objetivos con otras instituciones.

Los socialistas queremos un Estatuto actualizado, dentro de la Constitución y en la Unión Europea.

Un Estatuto mejorado para un Gobierno Vasco mejor relacionado con España.

Un Estatuto social y solidario que reconozca en el respeto a la Constitución y a las instituciones comunes la importancia de las mejores relaciones para ese recorrido común que nos aporta entre otras cosas estabilidad, seguridad, inversiones y pensiones, políticas seguramente inalcanzables sin la solidaridad federal de todas y todos los españoles.

Quienes defendemos el Estatuto lo defendemos para toda la ciudadanía. Quienes defienden la independencia solo lo hacen para los suyos.

Ningún país será plenamente democrático si obedece a una sola ideología. La máxima virtud del Estatuto es su capacidad para albergar todas las ideologías democráticas y en consecuencia frente al Estatuto sólo cabe más Estatuto.

El Estatuto no es una norma para satisfacer las pretensiones particulares de los partidos políticos, de organizaciones sociales o económicas. El Estatuto es una norma para producir derechos y deberes, organizar y ordenar la vida pública y sobre todo para producir estabilidad y convivencia a una sociedad que siendo plural desea vivir por amplísima mayoría en esta fórmula de comunidad política.